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La Legislatura adhirió al protocolo
de interrupción de embarazos

El pasado jueves 16 de julio, después de casi cuatro horas de debate, la Legislatura porteña aprobó por 59 votos positivos contra 49 negativos y tres abstenciones, el proyecto de Ley de Adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.

Este protocolo que especifica las intervenciones que son legales en Argentina desde 1921, según consta en el Código Penal, si bien no agrega derechos, garantiza los preexistentes y sirve para dar un marco legal a los profesionales de la salud.

El proyecto había sido presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional Ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero y tenía el aval de 41 firmas de legisladores y legisladoras, en un marco de acuerdo del que participaron todos los bloques legislativos. Este jueves se pidió que se tratara sobre tablas, que fue aceptado por contar con más de dos tercios de los legisladores. Se escucharon posturas a favor y en contra, aunque de antemano ya se descontaba que la votación sería afirmativa.

El tema del aborto se ha dado fuertemente en los últimos años y es sabido que así como son muchos los que están a favor, también están los que opinan lo contrario y se basan en los derechos de las "personas por nacer" y están en contra de lo que consideran asesinatos. Sin embargo, lo debatido el jueves pasado fue la Interrupción Legal del Embarazo, que existe desde hace cien años.

En CABA existe un protocolo local que es de 2012 y es restrictivo con respecto a la letra del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que actualizó a fines de 2019 el nuevo gobierno. No todas las provincias adhirieron a este protocolo (faltan Corrientes, San Juan, Tucumán, Formosa y Santiago del Estero) que cumple con lo establecido por el fallo FAL de la Corte Suprema de 2012, que reitera las causales del aborto legal (violación, riesgo de salud o muerte para la mujer) y sostiene que no se deben judicializar estos casos, que es una de las restricciones del protocolo porteño.

Con la adhesión en CABA, se termina con la incertidumbre de los procedimientos, ya que si bien por amparos colectivos de diversas organizaciones la ILE está vigente, su acceso no es homogéneo. Este protocolo oficial, además, es acorde a la normativa nacional vigente y garantiza el derecho con mayor seguridad jurídica.

"Según los registros de ILE en la ciudad, en 2014 sólo se hacía la intervención en dos hospitales. Desde 2015 se hace en los CESAC, entre 2016 y 2018 se hicieron unos 4800, es decir, hubo un aumento del 900 por ciento. El 85% de las intervenciones se hicieron con embarazos de menos de 12 semanas. La mayoría se resolvió en menos de una semana después de haberse pedido. Hoy vamos a dar un paso más en el derecho a la salud y a la autonomía de las mujeres, hoy estamos haciendo justicia", comenzó casi al mediodía María Patricia Vischi, legisladora de UCR-Evolución y presidenta de la Comisión de Salud.

Guillermo González Herrera fue el primer legislador de Vamos Juntos que habló para oponerse. Fueron varios varones lo que lo hicieron. Todos de Vamos Juntos: "Este protocolo está en contra de la objeción de conciencia institucional, y no hace falta obligar al Mater Dei o a la clínica San Camilo que vayan contra sus principios. En 2012 hubo 91 intervenciones, en 2019, 8.350. ¿La causa de violación es real? Yo creo que no".

También el legislador de Vamos Juntos, Claudio Romero expresó: "¿Por qué estamos discutiendo este tema en medio de la pandemia, si además ya se discutió en 2018?"y además cuestionó por qué los porteños tendrán que "pagar" estas intervenciones, y también por "este exceso de cumplir con las normas".

Laura Velasco, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, habló de derechos humanos, Justicia y Salud: "Lo que estamos viviendo hoy es histórico. Es un gran día para una ciudad que tiene la tradición de ser pionera en relación con los derechos de las mujeres y personas gestantes, sin embargo necesitábamos brindarles, al igual que a los profesionales de la salud, la solidez de la ley que los acompañe. Vamos por la soberanía sobre nuestros cuerpos, sabiendo que son las más pobres y las más jóvenes las que mueren por abortos clandestinos y que los países que legalizaron el aborto, con Educación Sexual Integral y acceso a anticonceptivos, llevaron a cero las muertes de personas gestantes y bajaron la cantidad de abortos que se realizan”.

"En Argentina se realizan entre 370 mil y 522 mil interrupciones de embarazo por año, es decir, alrededor de 1.220 por día. Cada 3 horas, una menor de 15 años es madre; en un 90 por ciento se tratan de situaciones de abuso intrafamiliar. Por eso Unicef Argentina recomienda la aplicación de la ESI. Cada 5 minutos una menor de 19 años es madre sin desearlo", agregó Velasco.

Según cifras del Ministerio de Salud porteño, durante 2019 se realizaron en la Ciudad 8.388 interrupciones legales del embarazo, cien veces más que en 2014; 1.191 eran menores de 19 años, de las cuales 58 tenían entre 10 y 14 años. El 86% eran mujeres de entre 20 y 45 años.

Respecto a las causas que permitieron el acceso a la ILE, en 858 casos habían sido víctimas de una violación, en más de 7300 se determinó que existía un riesgo para la salud y en 611, para la vida. Estas cifras son del sistema público de salud. La ILE se realiza en 60 instituciones públicas (44 Cesac y 16 hospitales). Del sector privado no hay datos.

Susana Espósito - Publicada el Lunes 20/07/20 - 5565 caracteres