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Intensifican controles en los GeriátricosDespués de la aparición de casos de Covid-19 en varios geriátricos, el Gobierno de la Ciudad ha decidido intensificar los controles en los mismos. Luego del escandaloso caso de la Residencia para Mayores Apart Incas, en el barrio de Belgrano, donde sus dueños dejaron librados a su suerte a los abuelos allí alojados (19 en total), después de haber sido contagiados por el personal que los asistía, debiendo intervenir el SAME para trasladarlos a distintos Hospitales y Sanatorios de la Ciudad, también aparecieron otros casos, en otros geriátricos, por ejemplo, el Instituto Geriátrico San Lucas, ubicado en Medina 1650, Parque Avellaneda, donde falleció un abuelo y hubo siete casos positivos y también el PAMI tuvo que trasladar a 45 abuelos. Según datos oficiales, en la Ciudad hay un total de 478 geriátricos habilitados, de los cuales fueron inspeccionados 267 en lo que va del año. Las inspecciones son realizadas por agentes del Ministerio de Salud y de la Agencia Gubernamental de Control. La realidad es que el pasado miércoles, en distintos medios, no faltó quien dijera que les faltan inspectores y la pregunta es: ¿cómo pueden faltar, habiendo tantos empleados que "trabajan" en el gobierno de la ciudad y muchos en cargos que nadie sabe cuál es su función? No será el momento de dejar de hibernar como los osos, arremangarse y poner el cuerpo a la situación, con la misma solidaridad que nos exigen a los ciudadanos comunes. El impacto del virus en los geriátricos encendió la alarma entre los especialistas locales, que temen que las residencias para adultos mayores se conviertan en un símbolo del desastre, como sucedió en los países europeos más castigados por el Covid-19, como Italia o España. El defensor de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña, Eugenio Semino, los calificó recientemente como una bomba de tiempo y alertó a las autoridades sobre la falta de control de las medidas de prevención y detección temprana de casos sospechosos, tanto de los residentes como de los trabajadores. Porque al igual que ocurrió en Apart Incas SA, el paciente cero de San Lucas también sería un empleado que asiste a los residentes, en este caso un auxiliar de enfermería. Ayer, Juan Mahiques, fiscal general de la ciudad, confirmó nuevos detalles de la investigación sobre el geriátrico clausurado en Belgrano, donde además de la violación al protocolo de salud se sumó la figura de abandono de persona, luego de la denuncia penal de un familiar de uno de los residentes del Apart Incas SA. Por videoconferencia y por mail, la fiscalía está convocando a otros familiares de los internados para hacer declaraciones testimoniales. Es una verdadera estafa que un geriátrico cobre por adulto mayor $180.000 y luego los deje librados a su suerte. Las irregularidades en las residencias de mayores son una constante en todas las jurisdicciones del país. Los adultos mayores están expuestos más que nunca a los riesgos que pueden desatarse por la falta de control de las autoridades sanitarias y el mal manejo de los protocolos de atención de los dueños de muchos de estos establecimientos. Sin contar, como denunció Semino, a los miles de centros que funcionan sin habilitación o de forma irregular. Con la suspensión de las visitas a los geriátricos, también cayeron las inspecciones. La alarma está encendida, y la atención de los adultos mayores que viven en estos establecimientos no puede esperar. Son los más vulnerables frente al virus por su edad, sus enfermedades crónicas y la situación de encierro en la que pasan sus días en estos hogares. Susana Espósito - Publicada el Viernes 24/04/20 - 3602 caracteres |