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Anuncio del Gobierno que congelará tarifas
sobre servicios públicos y esenciales

El viernes 21 de agosto, mediante un DNU, el presidente Alberto Fernández declaró a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial, y congeló sus tarifas hasta el 31 de diciembre.

Antes de ser publicado en el Boletín Oficial, el presidente adelantó su decisión en Twitter: "Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas" y agregó: "también hemos dispuesto congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas telefónicas, de internet y de televisión paga".

"Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios", señaló.

Por supuesto, tampoco podía faltar un palito para la gestión de gobierno anterior, cuando Fernández dijo: "estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado". "El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado", expresó el Presidente.

"La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen", manifestó.

Cabe recordar que a partir de septiembre estaba prevista una suba de precios en las mencionadas tarifas, que habían sido comunicadas a los clientes mediante mensajes de texto, pero este DNU deja trunco el aumento y a futuro solo podrá ser aplicado con autorización del Estado.

Los "servicios públicos" están bajo un marco de regulación intensiva. Una distribuidora eléctrica o de gas debe avisarle todo a su regulador. Los reguladores tienen toda la información de sus regulados, algo que no sucede tan férreamente cuando se trata de sectores que pueden establecer sus precios.

"La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos básicos. Por eso se ha decidido que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen", señalaron en el Gobierno.

En la anterior gestión kirchnerista, hubo un cambio regulatorio en las telecomunicaciones. Se discutió si la telefonía celular debía ser servicio público. Los diputados del Frente para la Victoria (lo que hoy es Frente de Todos), que eran mayoría, lo rechazaron.

"La infraestructura (el tendido) por lo que corren las redes es considerado servicio público. Pero la prestación del servicio es privado y no alcanzada por las regulaciones de servicio público".

La decisión oficial llega a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Sin haberlo visto aún, abogados consultados señalaron que cambiar un servicio para hacerlo "público" requiere de la aprobación legislativa.

La medida fue caracterizada como una defensa del poder adquisitivo de los consumidores. Sucede en medio de las restricciones a la actividad económica por la pandemia.

En el sector de las telcos critican el congelamiento: dicen que afectará las inversiones y la calidad del servicio.

Susana Espósito - Publicada el Lunes 24/08/20 - 3311 caracteres - Fuente: Clarín