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Preservación del Patrimonio

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos está realizando una prueba piloto en el Cabildo, que reúne la preservación del patrimonio y el trabajo social.

De acuerdo a lo informado por Teresa de Anchorena, presidente de la Comisión, se trata de un convenio que reúne donantes privados, a la Comisión, que es parte de la secretaría de Cultura y al ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Un grupo de ocho personas participan en el plan Hacemos Futuro y están aprendiendo a intervenir en edificios históricos, como ahora lo están haciendo en el cabildo.

Debido a la crisis económica son pocas las posibilidades de encarar obras y por ello, según explicó Anchorena, se ha recurrido a donantes privados, tanto de materiales como de mano de obra y agregó: "En nuestro país se desperdicia a mucha gente talentosa, trabajadora y que no tiene trabajo y es muchas veces despreciada, gente que se está transformando en personas que saben intervenir el patrimonio".

Estas personas reciben entrenamiento y los trabajos son supervisados por especialistas de la Comisión.

La entidad fundada en 1940 para preservar el patrimonio de los argentinos tiene la misión de declarar edificios, lugares, paisajes, objetos y ahora hasta poblados como históricos, muchas veces revirtiendo su abandono y salvándolos del hambre de los especuladores y además, ayudar a preservar esos lugares y bienes, lo que en tiempos de ajuste permanente no es fácil.

Estas tareas son generadoras de puestos de trabajo y hasta de profesiones nuevas para los más débiles y esto es también parte del diálogo con el futuro que propone la preservación del patrimonio.

Lástima que de nada servirá tanto esfuerzo si el Gobierno de la ciudad no toma medidas tendientes a prevenir el vandalismo y las pintadas que habitualmente y cada vez ocurren más frecuentemente. Es fundamental tratar de evitar el vandalismo y penalizar a los responsables de quienes están al frente de estos grupos vandálicos, que actúan así en cada manifestación.

El Gobierno debería responsabilizar y penalizar a quienes están al frente de esos grupos, exigiendo que se hagan cargo de los gastos que generan sus actos de vandalismo. Sería una manera de preservar el Patrimonio y ahorrar importantes sumas de dinero que hay que destinar a limpiar fachadas y calles después de cada piquete y marchas de protesta.

Susana Espósito - Publicada el Martes 24/09/19 - 2383 caracteres