Usted es el visitante

Desde 01/01/2016

El presidente Macri y sus anuncios

El lunes 30 de octubre, en el Centro Cultural Kirchner, el presidente de la Nación, Mauricio Macri hará importantes anuncios sobre jubilaciones, planes sociales y propondrá la ley de movilidad de 2009, que planea eliminar los aportes patronales para los sueldos menores a 10 mil pesos, entre otras cosas.

Si bien no está previsto cambiar la edad jubilatoria, uno de os objetivos del gobierno es la actualización de jubilaciones y planes sociales, de acuerdo a la inflación, de manera trimestral. La edad estipulada para jubilarse seguirá siendo la misma que hasta ahora, a los 60 las mujeres y a los 65 los hombres, aunque con respecto a los regímenes especiales (también llamados “de privilegio”) que contemplan jubilarse antes de tiempo, se buscará una convergencia a la edad general.

La modificación forma parte de una serie de reformas, entre ellas varias de naturaleza tributaria, en las que el Presidente Mauricio Macri propondrá avanzar. Finalizadas las elecciones legislativas del domingo de la semana pasada, tanto en la Casa Rosada como en el Ministerio de Hacienda, ultimaron los detalles de estas propuestas que tienen como objetivo impulsar modificaciones a la economía.

La nueva fórmula de cálculo de las jubilaciones que impulsa el Gobierno buscará que los haberes acompañen la desaceleración de la inflación. Así, para el año próximo, el Gobierno avalaría que las jubilaciones aumenten un 10% si la meta inflacionaria resulta igual a la prevista. Según los números del Presupuesto 2018, eso significaría un aumento menor al previsto para los jubilados el año próximo (22%) surgido de la combinación de la suba salarial del Indec o del Ministerio de Trabajo, más la de la recaudación tributaria por beneficiario a la Anses.

El proyecto de Presupuesto 2018 prevé un desembolso de $1.210.813 millones en concepto de jubilaciones y pensiones no contributivas. Si se actualizan estos haberes por la inflación, y suponiendo que sea 10%, los pagos serían $1.092.145 millones, o sea, $118.668 millones menos en jubilaciones y prestaciones sociales a lo contemplado por la actual ley de Movilidad Jubilatoria que fue sancionada en 2009.

En el Gobierno explican que la señal más importante de una medida así no sería su impacto fiscal sino sobre los precios: el 48% del gasto público primario -jubilaciones y planes- pasaría a ajustarse por la inflación y no por variaciones de recaudaciones de hace un año atrás que eran más altas dada la desinflación que hubo.

Aunque para tomar y aplicar estas medidas se tomó en cuenta la opinión de economistas locales y organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), los Técnicos de la Anses señalan que sería un error actualizar los haberes por la inflación y dejar de lado la actual fórmula.

La última recomendación del FMI (2016) dice que “indexar los beneficios a la inflación desde 2019 en adelante reduciría el actual déficit a 20 puntos del PBI”. Precisamente el lunes el staff del FMI arranca la nueva misión para el artículo IV de este año liderada por el economista italiano Roberto Cardarelli. Se verán por dos semanas en Buenos Aires con funcionarios y empresarios.

También la OCDE, en su último informe sobre la economía argentina, recomienda “indexar las prestaciones por jubilación al índice de precios al consumo”. Allí subraya que la fórmula por la que Argentina actualiza sus jubilaciones “transmite todos los beneficios productivos de las generaciones actuales que trabajan a los jubilados”. Señala que el 70% de los beneficiarios recibe la jubilación mínima que es cerca del 80% del salario mínimo y equivalente al 54% del salario promedio. El Gobierno garantizaría el 82% del salario básico para quienes hayan aportado.

Otros cambios que plantearía el gobierno para aplicar a partir del año próximo son:
Blanqueo laboral.
Eliminación de aportes patronales para los salarios menores a $ 10.000.
Extensión de la licencia para los padres recientes, con la posibilidad de un mes al año sin goce de sueldo.
Aumento de tarifas de alrededor de 35% en diciembre -luz y gas- y dos subas de 20% para las tarifas en 2018.
Aumento de 50 centavos por mes en el precio del transporte y aplicación de descuento para viajes subsiguientes.
Gravar las inversiones mayores a $1,4 millones en bonos, plazos fijos y Lebacs.
Se cobrará IVA a servicios de empresas no radicadas en el país (caso Netflix).
Reducción de parte del impuesto al cheque de Ganancias.
Reducción de la alícuota de este gravamen de 35% a 25% para empresas que reinviertan las utilidades.
Según fuentes oficiales, el costo fiscal de la reforma tributaria estaría entre 0,3% y 0,5% del PBI, unos $ 50.000 millones, una cifra que se considera como un impacto ‘neutro’ desde las cuentas públicas. Tras el discurso del Presidente en el CCK, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dará detalles de la reforma a los gobernadores.

Susana Espósito - Publicada el Lunes 30/10/17 - 4936 caracteres