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Definiciones sobre la polémica obra en el Luna Park

Hace varios meses se dio a conocer que el Luna Park podría ser demolido para construir un nuevo estadio más grande y eso generó una gran polémica. Ahora, la justicia porteña deberá resolver si ordena una acción que impida la demolición o se concreta el proyecto.

La obra que autorizó el gobierno de la Ciudad mediante la Disposición 1283/2025, está a punto de sumar otro episodio a la controversia que envuelve al histórico recinto desde hace más de un año. El expediente, a cargo de Natalia Tanno, jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede en estos días tener novedades. Deberá definirse entre permitirlo o decide no innovar para evitar la demolición.

La magistrada hizo lugar, a fines de noviembre, a una medida “pre cautelar” que tiene por objeto detener las obras de demolición del Palacio de los Deportes, declarado Monumento Histórico Nacional, hasta recolectar más elementos que le permitan definir la medida cautelar.

Cuando la Ciudad dio luz verde al proyecto del Arzobispado de Buenos Aires -dueño del predio- en una resolución del 12 de agosto del año pasado, recayeron dos denuncias que se presentaron en sede judicial y que hoy son conexas. El pedido de los demandantes es que la Justicia haga lugar a una medida cautelar de no innovar, para evitar que se altere la situación de hecho o de derecho del inmueble mientras se resuelve el conflicto de fondo. Sostienen que de nada serviría la discusión posterior sobre la obra si, mientras se produce la prueba, el estadio ya fue demolido.

La controversia surgió por el proyecto presentado que, según denuncian varias fundaciones defensoras del patrimonio y el ambiente urbano, viola la protección que tiene el edificio ubicado en el centro porteño, al demoler la totalidad del interior del inmueble histórico y su cubierta y alterar las fachadas, y construir uno nuevo de mayor altura y volumen, en violación a numerosas normas del Código Urbanístico que protegen el edificio histórico.

Todo empezó cuando el Arzobispado y la comunidad salesiana, dueños del Luna Park, llamaron a un concurso privado a través de la consultora EY para remodelar y explotar el estadio. Las dos entidades religiosas son las dueñas en partes iguales del inmueble desde que, en 2013, Ernestina Lectoure les legó a su fallecimiento el 95% de las acciones.

En esa ocasión, la Iglesia recibió varias ofertas, 10 en total, entre ellas las de DF Entertainment, Fenix Entertainment, S.A. La Nación, el productor Marcelo González y ASM Global. La consigna del convocante fue trabajar sobre el edificio actual con las modificaciones permitidas, siempre de acuerdo con la normativa vigente, es decir, respetando la doble protección patrimonial que tiene el histórico estadio, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Nación. Sin embargo, el Arzobispado eligió la propuesta de DF Entertainment, porque le pagará un canon mayor por el hecho de demoler el estadio existente y construir uno mucho más grande -y por lo tanto con mayor público- a pesar de que está prohibido. En efecto, el proyecto aumenta el aforo actual de 8500 a más de 11.000 espectadores.

El Luna Park está catalogado con “Nivel de Protección Estructural” por la Ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, está incorporado al Anexo I del Código Urbanístico. Asimismo, fue declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto PEN Nº 123 de 2007, lo que le brinda la doble protección. Este nivel de protección busca preservar y proteger un patrimonio arquitectónico, histórico, urbanístico y simbólico.

A fines de 2025 se presentaron dos demandas de amparo colectivo contra la resolución 1283/2025 del gobierno porteño que aprobó la obra; la primera del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y la segunda, realizada por tres reconocidas organizaciones de la sociedad civil, Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudad, con el patrocinio de los abogados Jonatan Baldiviezo y Pacífico Rodríguez Villar.

El informe técnico de las organizaciones demandantes, elaborado por los arquitectos especialistas Marcelo Magadán y Francisco Girelli, incorporado al expediente judicial, denuncia que el proyecto aprobado prevé un aumento del 174% de nueva superficie, casi 19.000 m2 adicionales, y un incremento del orden del 36,5% en el volumen, que pasaría de 98.000 m3 a 133.800 m3. A ello se le suma la demolición del techo histórico, una significativa alteración de las fachadas y la destrucción de todo el interior.

El especialista Francisco Girelli es contundente: “De seguir adelante con la pretensión del gobierno porteño, el Luna Park será el primer Monumento Histórico Nacional que es demolido desde la recuperación democrática de 1983”.

Susana Espósito - 4785 caracteres – Miércoles 11/02/26 - Fuente: LN